Constituyente:promesa pendiente

Por: Guillermo Peña Capellán

La sociedad dominicana ha sido engañada por sus representantes políticos con reformas a la medida del gobierno de turno.

Recordemos el proyecto elaborado en el 2001. En el mismo, los partidos políticos mayoritarios y una amplia representación de la sociedad civil acordaron convocar una reforma por asamblea revisora para instituir la asamblea constituyente como mecanismo para redactar una nueva constitución.

Este documento establecía que la asamblea constituyente estaría integrada por 155 miembros postulados por los partidos políticos, 5 de ellos en representación de los que no alcanzaren suficientes votos y 31 por bloques de organizaciones sociales. Esfuerzo perdido, palabra incumplida, promesa pendiente.

También recordemos, el “Pacto para la Reforma Constitucional”, suscrito en el Palacio Nacional en Septiembre del 2001 por los 3 partidos mayoritarios, los cuales ratificaron el mecanismo de la constituyente por elección popular. Burlado ulteriormente por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) y el Presidente Mejía para hacer una reforma fugaz en el 2002. Esfuerzo perdido, palabra incumplida, promesa pendiente.

El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) reniega sus explicaciones históricas de que una asamblea constituyente es una “genuina expresión de la democracia”; al cambiar sus argumentos contradicen igualmente su programa de gobierno 2004-2008. Ver: http://www.pld.org.do/02-documentos/programa2004.pdf

Además, el Presidente Fernández, en su último discurso de campaña electoral en el año 2004 se comprometió con una asamblea constituyente.

Los argumentos en contra de la asamblea constituyente son los siguientes:

1. La asamblea constituyente no está prevista en la constitución actual.

2. La asamblea constituyente es apropiada para cambios dramáticos o profundos en el orden democrático, para crear algo nuevo, y ese no es nuestro caso porque estamos en la etapa de la consolidación de la democracia y no en la construcción.

3. La constituyente no garantiza la participación de las mayorías.

Es cierto que la constituyente no está prevista en la constitución actual, en cambio la consulta popular tampoco lo estaba y la voluntad política logró que se utilizare.

El mecanismo de la asamblea revisora es muy sutil, conveniente sólo para el partido de gobierno. La historia nos ha demostrado que, no se toman en cuenta las consultas ni los acuerdos previos, como en efecto, sino el interés del partido que posee la mayoría.

La forma es tan importante como el fondo, porque la forma puede determinar lo que al final se aprobará. Recodemos la reforma del 2002, en la que a último momento se cambio el orden de lo que se reformaría y se terminó solamente reformando la nefasta reelección presidencial.

Los que defendemos la asamblea constituyente pensamos que sí es nuestro caso hacer un cambio profundo en el orden democrático, porque las reformas constitucionales anteriores solo han sido parches coyunturales de los partidos mayoritarios.

Es el mejor momento para realizar une verdadera revolución democrática que, implicará una nueva sociedad. Y si no es nuestro caso realizar un cambio dramático, entonces no es una revolución democrática la que se hará, sino una simple reforma.

Es cierto que la constituyente no garantiza 100% la participación de las mayorías. De ninguna manera afirmamos que la constituyente es el mecanismo perfecto, garantizador de un proceso democrático por completo. Sino que, este mecanismo es más transparente y con mayor grado de legitimidad.

Y es que legalmente puede estar todo establecido, pero si los mecanismos no son claros, hay incertidumbre y desconfianza.

Según la encuesta CLAVE-CIES, realizada el año pasado, el 64% de la población favoreció la asamblea constituyente. Solamente 31 de cada 100 dominicanos mayores de edad se inclinan por la asamblea revisora.

Asimismo, el 62% de los dominicanos y dominicanas se mostró a favor de la asamblea constituyente en la consulta popular.

Por todo lo expuesto, me sumo a una asamblea constituyente donde los partidos políticos estén representados en un 50 % y el otro 50 % restante por la sociedad civil, y finalmente un referéndum para confirmar los resultados. Sin lugar a dudas, ésta sería una fórmula más democrática y transparente.