viernes, 9 de marzo de 2007

Inicios del proceso democrático después de la muerte de Trujillo: De la dictadura a la democracia


Por: Anthony Alba

“Si no llego a ver por mí mismo la liberación de éste pueblo la veré a través de mis ideas”.
Juan Bosch

Al ajusticiamiento del dictador Rafael L. Trujillo, en 1961, se inicia en nuestro país un proceso de corte sociopolítico matizado por una batalla inexpugnable de un gran segmento de la población, en aras de alcanzar la libertad, opuesta al intento desesperado de los herederos del tirano por perpetuarse en el poder, que da lugar a varios años de lucha y ensañamiento entre los distintos grupos políticos envueltos en la contienda por dirigir los destinos de la nación, convirtiéndose la máxima expresión de estas luchas, la insurrección popular de abril de 1965.

Una serie de conflictos configuró el terreno que dio lugar a la expulsión del grupo trujillista, logrado sólo por medio de la alianza de la mayor parte de la población, ejerciendo así una constante presión que coadyuvó a la transición democrática y a la redefinición de todo el orden social y político vigente.

El año 1961 marca el punto de partida de toda una revolucionaria catarsis de la sociedad, que emprendería el levantamiento de las masas contra el arbitrario esquema político y social dominante, proceso que se vería, a su vez, obstaculizado por la permanencia de elementos típicos de la cultura política local, heredada del siglo XIX, permeada por prácticas autoritarias.

Sin embargo, lo que nos proponemos, en las páginas siguientes, no es describir las particularidades de la etapa post-trujillista, sino resaltar el valor histórico que se oculta detrás de un soslayado capítulo de nuestra historia reciente, allí donde se encuentran enraizados los cimientos mismos del proceso de democratización definitivo que viviría el país, renunciando para siempre a las cadenas de la esclavitud de la dictadura. Pretendemos evidenciar que este período histórico, entendido quizás como el momento de ebullición patriótico y liberal más genuino del pueblo dominicano en la contemporaneidad, constituye indefectiblemente, la génesis del proceso irreversible hacia la democracia que vive el pueblo dominicano después de la muerte del tirano.

En un intento de hacer un rápido recorrido cronológico a través de los acontecimientos que se suscitaron tras la muerte de Trujillo y serán objeto de análisis en el presente ensayo, debemos destacar la irrupción violenta y multitudinaria de amplios sectores de la población al panorama político, organizados en partidos y movimientos sindicales representativos de un vasto espiral ideológico; la celebración de las primeras elecciones libres; el golpe de Estado al gobierno de Bosch; la guerra civil de 1965 y la segunda intervención militar norteamericana.

A partir de la muerte de Trujillo, la sociedad dominicana experimenta cambios profundos en su sistema político. Vivimos un rápido proceso de pluralización política que se explica en el esfuerzo mancomunado de la mayoría de los sectores de la sociedad en su lucha por alcanzar la democracia. Este proceso coincide así con las características propias de la noción de “transición democrática” definida por la historiadora dominicana Mu Kien A. Sang Ben, con estas palabras: “La democratización del Estado… supone la inclusión del conjunto de la sociedad, pues no hay una sola decisión política que no esté condicionada y determinada por el conjunto de hombres y mujeres que componen la denominada sociedad civil”[1].

La caída de la tiranía trujillista significó para el país la conquista de las libertades que habían sido negadas sistemáticamente durante un largo período de treinta años que fue socavando el ideal democrático y la existencia de grupos políticos liberales, eclipsados por las condiciones de una dictadura despiadada que sometió al pueblo dominicano a varias décadas de oscurantismo. De esta manera, nuevos grupos políticos aparecerían en el escenario social, mientras otros resurgirían entre las tinieblas del exilio y la precaria vida clandestina.

Poco a poco se fue gestando un clima de participación, donde nuevos actores, distintos de los sectores trujillistas, fueron incursionando en un complicado proceso caracterizado por constantes movilizaciones y huelgas, inestabilidad política, intervención extranjera, golpes militares, revolución e invasión imperialista.
Durante treinta y un años la sociedad dominicana se vio reprimida, sustraída de sus derechos y libertades, por una dictadura de terror que gobernó de manera férrea e intolerante. La muerte del “jefe”, se convirtió en un hecho que impulsaría la lucha por alcanzar la libertad y la democracia, tal como explica Moya Pons:

La desaparición física del dictador sirvió para despertar las energías sociales y políticas de la nación y dio inicio a un intenso proceso de democratización. De pronto surgieron actores que la Dictadura había reprimido o marginado: exiliados políticos, partidos políticos, sindicatos, asociaciones de profesionales, organizaciones estudiantiles y una prensa libre. En los meses siguientes, el sistema político dominicano sufrió una rápida transformación. Las manifestaciones políticas y las concentraciones de masas se convirtieron en medios efectivos para ejercer presión popular contra la familia Trujillo y contra Joaquín Balaguer, el último presidente nombrado por Trujillo[2].

En este contexto se manifiesta abiertamente, por primera vez, la pretensión de toda la sociedad de superar el estado de languidez provocado por el régimen y encauzarse por un rumbo distinto al derrotero de la desgracia al que lo conducía la dictadura. Tras la muerte del tirano y la salida definitiva del país de la familia Trujillo y sus principales colaboradores, la nación se aboca a un proceso de desarticulación de las viejas formas del régimen que definieron la política durante las últimas tres décadas.

Distintos sectores y grupos emergentes se disputaron el poder dando lugar a un proceso de carácter eminentemente social y político, determinado por la multiplicidad de luchas que confrontaron el autoritarismo y la democracia como aspiración política. De esta forma se advierte el surgimiento de tres grupos o fuerzas políticas que irrumpieron y se disputaron el poder y la preeminencia en la sociedad dominicana de la época:

a) La Unión Cívica Nacional (UCN), proyecto oligárquico y conservador, concebido como “asociación patriótica”, representante de los sectores de la clase económica dominante antitrujillista.
b) El Partido Revolucionario Dominicano (PRD), que encarnaba el más puro ideal democrático-liberal, formado en el exterior durante los años de la dictadura, bajo el liderazgo de Juan Bosch y otras figuras del exilio.
c) La izquierda revolucionaria, integrada por varios grupos de orientación marxista, inspirada en la revolución cubana y cuyo actor principal fue el Movimiento Revolucionario 14 de Junio.

A esta clasificación cabe agregar el grupo representativo de la dictadura, que deseaba mantener su poderío a pesar de la desaparición del dictador. Si bien este segmento no obtuvo el triunfo político, viéndose obligado a renunciar a la idea de la continuación del régimen, no podríamos obviar el hecho de que esta facción ligada al seno de la dictadura pudo ejercer su influencia en el destino político del país, convirtiéndose en ese momento en el atentado más peligroso a la transición democrática que se llevaba a cabo.

El papel desempeñado por los partidos políticos organizados en esta coyuntura, fue de vital importancia para la consumación del proceso de transición hacia la democracia. La garantía de ciertas libertades y el desvanecimiento del régimen de opresión, permitieron a estos grupos políticos asumir una presencia significativa en la sociedad, promoviendo la pluralización política y disolviendo las bases de la maquinaria trujillista.

Por su parte los remanentes trujillistas ofrecían una resistencia que se visualizaba difícil de vencer, de forma tal que las tareas antitrujillistas y el movimiento popular se vieron menguados hasta inicios de 1962. Como establece Nelson Moreno Ceballos, “tras sucesivos intentos de reestructuración y redefinición internas, finalmente, en enero de 1962, la fracción trujillista pierde la dominación del aparato estatal, y abre un proceso de tránsito a través del Consejo de Estado a manos de los sectores de la burguesía no-trujillista, tradicional o “cívica”[3].

Sin embargo, la aniquilación de la tiranía se había convertido desde un principio en la tarea fundamental de la sociedad para dar paso a la transición democrática. En dicho cometido convergieron todos los esfuerzos de los grupos y organizaciones forjados durante este período, independientemente de sus ideologías, logrando finalmente la liquidación de la dictadura.

En este sentido se expresa Flavio Darío Espinal cuando sostiene que, “con la emergencia de organizaciones políticas, lo cual a su vez, produjo una movilización gradual de diferentes sectores de la sociedad, no fue ya posible controlar desde arriba el curso del proceso político, como Balaguer se había propuesto hacer”.

En particular, se hizo crecientemente difícil contener las demandas por la “destrujillización” del sistema político. De hecho, la cuestión definitoria de la vida política del país pronto vino a hacer cómo desmantelar los “remanentes del trujillismo”, término que se refería no sólo al poder todavía en manos de los parientes de Trujillo, sino también al status de Balaguer como heredero legal del viejo orden. Aún las acciones sociales las huelgas de trabajadores y las protestas estudiantiles, que en otras circunstancias y contextos tienden a tener objetivos propios, fueron, en su mayor parte, subordinadas a las movilizaciones políticas que tuvieron lugar en torno al tema sobredominante de la “destrujillización”[4].

Los sectores populares urbanos más activos favorecían que la caída de la dictadura debía ser correspondida con una democratización profunda. Pero la República Dominicana se colocaba ante un dilema histórico que emanaba del atraso político profundizado por la dictadura. Se enfrentaban fuerzas que propugnaban la continuidad del sistema y, a contrapelo, aquellas que luchaban por reformas o por una revolución, como señala Roberto Cassá[5].

Además, como plantea la socióloga Rosario Espinal, era una cuestión irrefragable que, “en una sociedad como la dominicana, donde se había anclado un autoritarismo totalitario y a la vez excluyente, donde el orden y la obediencia eran valores omnipotentes superiores a la propia vida, el problema de una reestructuración democrática –o de la recuperación del Estado por parte de la sociedad –a principios de los años 1960 era complejo”[6].

No obstante el comienzo de tan anhelado proceso de democratización política y social se vería constantemente afectado por las presiones ejercidas por el sector adicto a la dictadura, la inestabilidad generada por regímenes transitorios que se debatieron entre golpes y contra golpes, así como la ausencia de una cultura democrática arraigada, después de la caída de la dictadura el impulso de las masas y del pueblo en general era irrevocable, arribando a la conducción evidente del país por los senderos de la democracia.

De esta forma, con la celebración de las elecciones de 1962 el trujillismo colapsaría, ninguna posibilidad de resistencia podría resurgir. El profesor Juan Bosch se juramentó como Presidente de la República, el 27 de febrero de 1963, con un discurso de juramentación que “estuvo dirigido a la conciliación y a levantar la fe del pueblo en el sistema democrático”[7].

La formación del gobierno democrático del profesor Juan Bosch en 1963 constituyó un hecho de singular importancia en la historia de la República Dominicana, pues fue realmente el primer gobierno elegido de manera libre con la participación de las masas populares. El mismo puede ser considerado como el acontecimiento de mayor envergadura, desde el punto de vista cívico, en el proceso de transición hacia la democracia. Su trascendencia e influjo en el curso del proceso político y social, reflejó el grado de avance y madurez de los valores liberales-democráticos en una sociedad que había decidido enrumbar todos sus esfuerzos hacia la consolidación de la democracia y el destierro decisivo de la dictadura.

Juan Bosch, presidente del PRD, tras su regreso del exilio en 1961 inició su campaña política con un llamado a la concertación y un trabajo de concientización del pueblo, sobre la importancia de la lucha por el poder, a través de discursos radiales por Tribuna Democrática, órgano del partido en la emisora Radio Comercial. Bosch presentó al país un programa de reformas económicas y sociales en pro de la mejoría de las condiciones de vida y propugnaba un gobierno democrático y constitucional.

Su gobierno aprobó una Constitución, considerada como la más liberal que ha tenido el país en toda su historia, lo que evidencia la presencia de un gobierno fundado en los más preclaros valores e instituciones democráticas. En dicha Carta Magna se definieron, entre otros aspectos: el derecho a la vida; el derecho al trabajo, a la vivienda, a la educación y a la salud; la prohibición de latifundios privados; la calificación del minifundio como antieconómico y antisocial; la libertad de prensa y la libre expresión; la expropiación por causa de interés social; el derecho de los obreros a agruparse en sindicatos; el derecho a la huelga; la prohibición de la propiedad de los extranjeros en nuestro territorio; los salarios equitativos; la igualdad de los hijos naturales; la reforma agraria; y el derecho del trabajador a gozar de las ganancias de la empresa[8].

Empero, el pueblo tendría que abortar rápidamente este proyecto de gobierno democrático constitucional del profesor Bosch, a raíz de los numerosos conflictos sociales, que dieron al traste con su existencia, tales como: el antagonismo de los principales grupos políticos con el gobierno, la realización de huelgas sindicales y generales, las precariedades económicas, las presiones de la jerarquía eclesiástica, las exigencias del sector empresarial, los comerciantes y los exportadores y, el descontento de los militares.

El 25 de septiembre de 1963, apenas siete meses después de lograr el poder, Bosch es derrocado por un golpe militar. Pero el ideal liberal que durante este período había alcanzado sin duda su mayor auge en la vida democrática que se perfilaba, se convertiría pronto en el estandarte de lucha que enarbolaría el pueblo para exigir el retorno a la constitucionalidad de 1963.

El poder asumido por sectores conservadores después del golpe de estado de 1963, no hizo más que animar y fortalecer la sed democrática popular, manifestada de manera abrumadora en las elecciones de diciembre de 1962 con el triunfo del PRD. La posterior lucha por las conquistas ciudadanas asumieron un papel importante, haciéndose inevitable la “vuelta a la constitucionalidad de 1963”, convertido en el lema central del levantamiento contra el fracaso de los gobiernos del Triunvirato, los cuales sufrieron su desmoronamiento, desde el mismo momento en que pretendieron reinstalar el autoritarismo bajo cualquiera de sus formas, en una sociedad que desde el ajusticiamiento del tirano venía rechazando de manera absoluta y contundente el retorno al totalitarismo.

Si la celebración de elecciones en 1962 puede ser considerado el acontecimiento más relevante en el contexto de la transición democrática, la revolución de abril de 1965, debe entenderse como la mayor expresión del pueblo en su lucha por el paso decisivo de la dictadura a la democracia.

El politólogo Pedro Catrain afirma que, “la ‘vuelta a la constitucionalidad de 1963’ fue la consigna que en un primer momento aglutinó los sectores que dinamizaron la ‘Guerra de Abril’.”[9]. La llamada “revolución” o “guerra” de abril, originó una gran revuelta con amplia participación popular. Las acciones militares patrióticas estuvieron dirigidas por el coronel Francisco A. Caamaño Deñó. En lo político, tuvieron una destacada participación los líderes y militantes del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), quienes pedían el retorno a la constitucionalidad de 1963.

Este acontecimiento constituye el hecho más categórico y determinante que manifiesta la voluntad incuestionable del pueblo, de luchar por la consecución de la democracia. El pueblo reclamó la vuelta de Bosch para reponerle en el poder, ofrendando muchos dominicanos hasta sus propias vidas, en una revolución contra el autoritarismo, y en la que el reclamo democrático tomó la forma de revuelta popular. La “guerra patria” contra la invasión, asimismo, se tradujo en el más grande ejemplo del alcance de los ideales democráticos en nuestro pueblo, colocados desde ese momento, justo al mismo nivel de los más sublimes valores patrióticos. La cohesión del pensamiento democrático demostró en esta coyuntura, haber alcanzado su mayor progreso en la cultura política de la sociedad dominicana de la época.

Sobre este particular, el connotado historiador dominicano Franklin Franco Pichardo sugiere que, “el grito de ‘Constitución del 63’ no resultó un estribillo abstracto, vociferado por nuestras masas populares en un determinado momento de exacerbación popular, sino que resultó la expresión concreta del más elevado punto de desarrollo ideológico de este pueblo, en esa coyuntura específica que se desató en abril de 1965”[10].

Conclusión.

Los esfuerzos por alcanzar la democracia moderna o contemporánea tiene sus raíces en las incipientes luchas del pueblo dominicano contra la dictadura de Trujillo y sus remanentes, atravesado por un período que pasa por las elecciones de 1962, el gobierno democrático de 1963, las luchas por restaurar el gobierno del profesor Juan Bosch, la rebelión titánica contra el Triunvirato que desembocaron en la guerra patria de abril bajo la exclamación de “vuelta a la constitucionalidad de 1963”, y la resistencia heroica del pueblo dominicano frente a las tropas de ocupación.

El proceso social y político dominicano que sigue a la muerte de Trujillo constituye un período caracterizado por la inestabilidad política, las luchas internas y la anarquía que se deriva de la puesta en término de un régimen de opresión que determinó la vida política del pueblo dominicano durante 31 años. Esta etapa concretada por la contraposición de dos grupos cuyas tendencias se debaten entre las formas autoritarias de gobierno y la democracia, da lugar a varios años de pugna, crisis social y política y una lucha de clases que resaltan el antagonismo propio de grupos rivales que defienden desde la esfera política sus intereses.

Es en el entramado de este proceso de carácter histórico, social y político que debemos escrutar para descubrir los orígenes del proceso de transición democrática que acabaría de manera inequívoca y definitiva con la dictadura. Con el ajusticiamiento de Trujillo en 1961 comienza en el país la evolución de un sistema político basado en el totalitarismo unipersonal del dictador, hacia uno fundamentado en los elementos determinantes de la democracia representativa con su sistema de partidos.
Si bien esta etapa política ha dejado sus huellas en nuestra historia, ha sido resultado de la importancia que representa para el ulterior proceso de democratización política que inicia en aquella época y perdura hasta nuestros días.

Por último, después de valorar el significado de este traumático episodio de nuestra historia reciente para la afirmación del proceso democrático en nuestro país, resulta lamentable tener que realizar una amarga reflexión. Se trata de reconocer que nuestra democracia todavía se encuentra en un estado embrionario y que viejas formas autoritarias subsisten en nuestra práctica política. Como bien afirma el historiador Juan Daniel Balcácer, “es verdad que en 1961 nos deshicimos físicamente de Trujillo, pero no menos cierto es que aún persiste gran parte de su herencia autoritaria y pese a encontrarnos en el siglo XXI son apreciables los vestigios del marco jurídico-político sobre el cual se sustentó aquel régimen despótico”[11].
[1] Sang Ben, Mu Kien Adriana. 1994. “Entre el Autoritarismo y la Aspiración de Libertad”. Estudios Sociales Año XXVII, Número 95 Enero - Marzo: pp. 27-37.
[2] Moya Pons, Frank. 1999. Breve Historia Contemporánea de la República Dominicana. México: Fondo de Cultura Económica, S. A. de C.V., p. 173.
[3] Moreno Ceballos, Nelson. 1989. El Estado Dominicano: Orígenes, Evolución y Forma Actual. Cuarta Edición. Santo Domingo: Proyectos Editoriales, C. por A., p. 249.
[4] Darío Espinal, Flavio. 2001. Constitucionalismo y Procesos Políticos en la República Dominicana. Santo Domingo: Editora Manatí, pp. 129-130.
[5] Cassá, Roberto. 1991. Los Doce Años: Contrarrevolución y Desarrollismo (Tomo I). Segunda Edición. Santo Domingo: Editora Búho, pp. 11-12.
[6] Espinal, Rosario. 1994. Autoritarismo y Democracia en la Política Dominicana. Segunda Edición. Santo Domingo: Editorial Argumentos, S.A., p. 83.
[7] Cassá, Roberto, 1991, op. cit., p. 615.
[8] Constitución de la Nación Dominicana 1963 (Votada y proclamada el 29 de abril de 1963).
[9] Catrain, Pedro. 1987. “Transición Democrática, Social Democracia y Clases Populares en la República Dominicana”. Ciencia y Sociedad Vol. XII, No. 2, Abril-Junio: 262-275.
[10] Franco Pichardo, Franklin J. 1990. Historia de las Ideas Políticas en la República Dominicana. Tercera Edición. Santo Domingo: Editora Nacional, p.134.
[11] Balcácer, Juan Daniel. 1998. “La Democracia Dominicana: Un Espejismo”. El Caribe, 14 de marzo de 1998.

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