Por: Guillermo Peña Capellán
Un grupo de ciudadanas y ciudadanos independientes, conscientes de sus derechos políticos, impulsados y motivados por lograr que la República Dominicana se constituya algún día en una democracia sólida, participativa y de calidad; entregó a la Junta Central Electoral, un importante documento político que propone votar por ninguno.
El “Voto por Ninguno” consiste en la inclusión de un recuadro en la boleta electoral con la inscripción NINGUNO para ser marcado por el o la votante, con el propósito de expresar su rechazo a las candidatas y candidatos impuestos por una elite política corrupta hasta los tuétanos.
Una figura parecida existe en Colombia, donde se marca la casilla “Voto en Blanco”, con el propósito de que la ciudadanía exprese su rechazo a los candidatos presentados por los partidos colombianos. Sin embargo, concientes de que en el país existe un partido blanco, este grupo de ciudadanas y ciudadanos responsables optó por denominarle “Voto por Ninguno”, a los fines de no generar confusiones a los votantes con el Partido Revolucionario Dominicano (PRD).
En otros países se considera “Voto en Blanco” cuando la boleta electoral no se encuentra marcada por ningún candidato, pero en nuestro país se cuenta como voto nulo. En consecuencia, no se computa como una forma de rechazo.
Y es que ante la incipiente y débil democracia dominicana, la ciudadanía tiene la obligación y el deber moral y cívico de votar por ninguno en la mayoría de las provincias, y su vez trabajar para crear una nueva propuesta política realmente democrática y participativa.
Quienes votan a conciencia por nuestros representantes de la indignidad, la corrupción y la impunidad, son cómplices de la degradación de la sociedad dominicana.
Es necesario recordarle al Juez Presidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar Castaños, que el voto fue conquistado como un derecho a la libertad de elegir y ser elegidos. Que a costa de muchos años de lucha y reivindicaciones sociales se logró que el voto pasara de ser simple a universal, cuando en el año 1942 se instituye en la República Dominicana el derecho al voto de las mujeres.
El voto es un derecho político facultativo de ejercerlo como todo derecho. Es tan claro que es un derecho y no un deber que no existe ninguna sanción penal ni económica para quien decida no votar.
Los deberes cívicos se enmarcan en la sociedad civil, no en la sociedad política. Es una contradicción lógica considerar el voto como un deber cívico y un derecho político a la vez. Si es derecho político no puede ser a la vez un deber. Y es que no se puede estar obligado a ejercer un derecho. Frente al derecho del acreedor existe el deber de pagarle, no viceversa.
En Chile el voto es un derecho, mas no una obligación ni un deber. Para votar allá es necesario inscribirse en el Registro Electoral. En cambio, la calidad de la democracia chilena supera a creces la dominicana.
Es un atrevimiento irracional del Presidente de la Junta Central Electoral, Julio Cesar Castaños calificar de maniqueos a este grupo de ciudadanas y ciudadanos conscientes, sin siquiera discutir la propuesta con el Pleno de los Jueces.
Esa actitud refleja lo poco democrático que es. Nuestro deber como ciudadano responsables es votar por ninguno, para no tener como representantes a politiqueros corruptos, narcotraficantes o estafadores como gran parte de los actuales senadores y diputados.
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