Por: Guillermo Peña Capellán
El Movimiento Verde y la presión
de organismos internacionales han logrado que el Ministerio Público dominicano
ponga la acción penal en movimiento contra relevantes ex-funcionarios y
legisladores mencionados en el caso Odebrecht por aceptar sobornos.
La clase política dominicana está
involucrada en la corrupción transnacional de esta empresa conforme denuncia el
Ministerio Público. Como podemos ver en este caso no solamente está involucrado
el partido de gobierno, PLD, sino también la principal fuerza de oposición PRM.
Esta es sin lugar a dudas una muestra más que evidente de como la partidocracia
dominicana es corrupta hasta los tuétanos.
El Ministerio Público y el juez
Francisco Ortega tienen el reto y la oportunidad histórica de sentar un
precedente contra la corrupción en el país para recuperar la confianza en el
sistema de justicia.
Ahora bien, si bien es cierto que
el país espera justicia, no menos cierto es que el populismo penal no puede ir
en desmedro del debido proceso. El Ministerio Público debe presentar las
pruebas que demuestren la culpabilidad de los imputados y el Tribunal está en
la obligación de fallar conforme al derecho.
La pregunta que muchos nos
hacemos es si solamente el Ministerio Público va a procesar a estos imputados o
si incluirán a nuevos imputados. Y es que
contrario a lo que dijo el Procurador General de la República, Jean
Alain Rodríguez, la ciudadanía no cree que ahí están todos los que son ni son
todos los que están.
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Público de Brasil, el Departamento de Estado de Justicia de los
Estados Unidos y la Procuraduría General de Suiza, han sido claves para lograr
que la empresa Odebrecht reconociera que del 2001 al 2014, Odebrecht había
realizado pagos en República Dominicana y otros países de Latinoamérica con el
fin de lograr contratos para la construcción de obras de infraestructura.
El caso Odebrecht no va a
terminar con la impunidad reinante en el país desde hace siglos, pero si puede
ser el inicio de una ola creciente de ciudadanía que demande el fin de la
impunidad contra toda la partidocracia corrupta y su élite empresarial.
Para lograr una verdadera
justicia es importante sancionar a las empresas que estuvieron vinculadas en este
entramado de corrupción. La empresa Odebrecht y sus socios locales no deberían
quedar impunes. Tal como establece la Ley No. 340-06 sobre Compras y
Contrataciones, es imperativo que los contratos que tienen Odebrecht y sus
empresas socias locales sean cancelados y que no se le permita operar de nuevo
en el país.
Independientemente de quienes
sean condenados lo que la ciudadanía consciente debe concluir de este caso es
que no debe seguir votando por corruptos de ningún partido.
Parafraseando a Einstein, “No
pretendamos que las cosas cambien si siempre hacemos lo mismo”
(o votamos por los mismos). Vivir algún día en una real democracia, que tenga
como pilar la transparencia y se respeten los derechos humanos depende de no
votar por la partidocracia corrupta.
No hay comentarios:
Publicar un comentario