Por: Guillermo Peña Capellán
Una de las conquistas del Código Procesal Penal dominicano, Ley 76-02, era precisamente que la cultura del tránquenlo y luego se averigua había terminado.
Las injustas y represivas redadas quedaban prohibidas. Eso aprendí con el Prof. Guillermo Moreno cuando me impartió Derecho Procesal Penal I y II. Sin embargo, el viernes pasado comprobé que, lamentablemente este instrumento legal, al igual que muchos otros, quedó en teoría.
Y es que a William, el señor que lava mi carro, con una cubeta de agua en mano, casi es objeto de una redada policial. Si no es por mi querida madre que vocea “dejen a ese señor tranquilo que él es quien lava los carros por aquí”. La historia fuese otra.
Cuando pude salir de mi hogar, conversé con William y me contó que ya le habían advertido que patrullaban para buscar dinero. Que en el colmado “El Metro”, ubicado en Gazcue, a un empleado del mismo, con una funda de hielo en la mano, casi se lo llevan a la chirola también.
No es casual que recientemente saliera a la luz pública que la Policía Nacional es la tercera institución más corrupta del país, según el “Estudio de percepción de la corrupción de hogares de la República Dominicana”.
Otra mala señal que demuestra la poca institucionalidad de la Policía Nacional es la puesta en retiro del General Juan Tomas Taveras Hernández, por el simple hecho de publicar un artículo crítico de la institución de la “ley y el orden”, en este mismo medio digital.
Un Estado social y democrático de derecho es aquel que garantiza el estricto cumplimiento de las leyes. Cuando las autoridades no cumplen el rol que les corresponde, pierden el respeto de la ciudadanía y se convierten en ilegítimas.
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