Dedicado a mi amigo Milvio Linares Villegas
Por: Guillermo Peña Capellán
A propósito de las ya reiteradas declaraciones dadas por la embajadora de España, Almudena Mazarrasa, sobre la seguridad jurídica dominicana para las inversiones extranjeras, he decido formular mi humilde opinión sobre las consecuencias que tendrían las decisiones de los casos bancarios de cara a la credibilidad o no de nuestro Estado de Derecho.
Cuando hablamos de Seguridad Jurídica nos referimos a “normas reguladoras de la conducta humana, siempre y cuando estas sean públicas, previas, claras, manifiestas, y se apliquen a todos por igual, por instituciones independientes que hagan parte de una estructura democrática”[1]. En la medida en que se cumpla con este concepto a cabalidad podemos decir que tenemos o no seguridad jurídica.
Sin lugar a dudas, la quiebra de tantos bancos es una voz de alarma para nuestra seguridad jurídica. Faltaron muchas cosas, pero sobre todo faltó una supervisión eficiente y responsable de las autoridades bancarias, sobraron pocas cosas, pero si sobro mucha complicidad de políticos, empresarios y ciudadanos.
Resulta inexplicable que las autoridades encargadas de la supervisión bancaria no detectaran ningún fraude. No se justifica el silencio que predomina, parece que hay una discreción de corruptos y corruptores.
Nuestra responsabilidad como ciudadanos concientes y preocupados por la cosa pública nos llama a demandar justicia. Dejar impune estos casos, representaría un retroceso a la naciente institucionalidad del Poder Judicial dominicano. Permitir que pase desapercibido por la prensa el proceso judicial, es alentar la complicidad bochornosa de quienes poseen el dinero de los ahorrantes. Burlarse del pueblo dominicano significa borrar 17 mil millones de pesos.
Para garantizar nuestra seguridad jurídica se debe actuar con apego a las leyes y a la justicia. De lo contrario mejor callemos (por vergüenza) cuando una embajadora nos regañe. Construyamos una justicia que garantice la seguridad jurídica dominicana. Que no se olviden estos casos y que no queden impunes.
[1] Frühling, Michael, “Seguridad Democrática y Derechos Humanos”, Ponencia dada en el marco del “Foro Seguridad, Derechos Humanos y Paz, Unión Europea y Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos”, el día 26 de Febrero del 2003.Ver en : http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=16&cat=24
A propósito de las ya reiteradas declaraciones dadas por la embajadora de España, Almudena Mazarrasa, sobre la seguridad jurídica dominicana para las inversiones extranjeras, he decido formular mi humilde opinión sobre las consecuencias que tendrían las decisiones de los casos bancarios de cara a la credibilidad o no de nuestro Estado de Derecho.
Cuando hablamos de Seguridad Jurídica nos referimos a “normas reguladoras de la conducta humana, siempre y cuando estas sean públicas, previas, claras, manifiestas, y se apliquen a todos por igual, por instituciones independientes que hagan parte de una estructura democrática”[1]. En la medida en que se cumpla con este concepto a cabalidad podemos decir que tenemos o no seguridad jurídica.
Sin lugar a dudas, la quiebra de tantos bancos es una voz de alarma para nuestra seguridad jurídica. Faltaron muchas cosas, pero sobre todo faltó una supervisión eficiente y responsable de las autoridades bancarias, sobraron pocas cosas, pero si sobro mucha complicidad de políticos, empresarios y ciudadanos.
Resulta inexplicable que las autoridades encargadas de la supervisión bancaria no detectaran ningún fraude. No se justifica el silencio que predomina, parece que hay una discreción de corruptos y corruptores.
Nuestra responsabilidad como ciudadanos concientes y preocupados por la cosa pública nos llama a demandar justicia. Dejar impune estos casos, representaría un retroceso a la naciente institucionalidad del Poder Judicial dominicano. Permitir que pase desapercibido por la prensa el proceso judicial, es alentar la complicidad bochornosa de quienes poseen el dinero de los ahorrantes. Burlarse del pueblo dominicano significa borrar 17 mil millones de pesos.
Para garantizar nuestra seguridad jurídica se debe actuar con apego a las leyes y a la justicia. De lo contrario mejor callemos (por vergüenza) cuando una embajadora nos regañe. Construyamos una justicia que garantice la seguridad jurídica dominicana. Que no se olviden estos casos y que no queden impunes.
[1] Frühling, Michael, “Seguridad Democrática y Derechos Humanos”, Ponencia dada en el marco del “Foro Seguridad, Derechos Humanos y Paz, Unión Europea y Programa Andino para la Democracia y los Derechos Humanos”, el día 26 de Febrero del 2003.Ver en : http://www.hchr.org.co/publico/pronunciamientos/ponencias/ponencias.php3?cod=16&cat=24
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