Por: Millizen Uribe
Lo
legal es un factor predominante en el análisis político, social y económico de
la República Dominicana. El cumplimiento de las leyes suele invocarse con
regularidad. Mas, lo legítimo, entendido como la justificación ética de la ley,
del poder y de la autoridad, brilla por su ausencia.
Lo
mismo sucede con la autoridad moral, un concepto central para pensadores como
Émile Durkheim, uno de los padres fundadores de la sociología, para quien el
tema de la autoridad moral era en sí el problema sociológico.
Sociedades
desorganizadas como la dominicana podrían tener el origen de uno de sus males
en la falta de autoridad moral de sus gobernantes. Bertrand Russell señala que
en el marco del desarrollo de las sociedades prehistóricas el elemento de la
autoridad surgió de manera natural, a partir de dinámicas sociales de ese
entonces.
Sin embargo, el mismo Russell
cuestiona el origen y la finalidad del poder que los gobernados dan a los
gobernantes para que se erijan en autoridades y cómo esto afecta la autonomía
individual. Esto es cómo cedemos nuestra libertad individual y nos abocamos a
“un contrato social” con autoridades que, al no cumplir con las funciones para
las que fueron elegidas, adolecen de autoridad moral y hasta de legitimidad.
En la
postmodernidad, se impone la lógica mecanicista y se cuestiona poco. Sin embargo,
escándalos como el reciente caso de la Dirección Antinarcóticos de la Policía
(Dican), donde se habla de la “desaparición” de más de 1,200 kilos de cocaína,
que involucra a varios oficiales y dos fiscales adjuntos, dan pie para repensar
la autoridad moral de los funcionarios dominicanos.
Los
administradores públicos son los primeros en promover la cultura de
incumplimiento a la ley al, por un lado, establecer un sistema de privilegios y
constantes excepciones para ellos, y, por el otro, al no adaptarse a las
normativas, como suele suceder con decenas de leyes, y aquí vale recordar la
denuncia del incumplimiento de la ley de Declaración Jurada de Bienes.
Si las
personas elegidas para cumplir y hacer cumplir las leyes son las primeras en
incumplirlas, ¿con qué autoridad moral han de reclamar a la colectividad?
Henry David
Thoreau introdujo el concepto de la desobediencia civil como señalamiento de
que el apego a leyes de manera irrestricta no es correcto, sino que debe darse
sobre la base de la justicia. En mi opinión lo mismo sucede con las
autoridades.
En el país el ejercicio de la
autoridad y el poder debe darse de manera ética para que tenga sustento moral.
De lo contrario ninguna autoridad merece el reconocimiento del pueblo y
ningún dirigente o actor político, el voto.
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