Por: Guillermo Peña Capellán
Se confirma la precaria situación jurídica y social del país con el reciente informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Política Social: Capacidades y derechos.
“El desarrollo humano debería ser una cuestión de derechos, no de poder. El Estado de derecho es débil y defectuoso, muchas leyes no se cumplen y no pasa nada, la violación de leyes no son justiciables y además existen pocos mecanismos institucionales de rendición de cuentas”, constata el informe.
Una de las razones del incumplimiento de las leyes en nuestro país, es que la justicia dominicana sigue atemorizada por una elite política y empresarial que busca impunidades y complicidades de toda índole.
Si la ciudadanía no tiene la garantía de que se cumplan las leyes, el Estado de derecho es prácticamente inexistente y pasa de manera inmediata a reinar el “sálvese quien pueda”.
Es el imperio de la ley y no el de la fuerza el que debe predominar para alcanzar un verdadero Estado de derecho. La ley es para todo/as, y son las autoridades las obligadas a hacer que se cumpla.
El 83% de la población considera que la justicia funciona mal, según un estudio elaborado por FINJUS y Participación Ciudadana en el año 2007. Y es que si bien la justicia dominicana ha avanzado, todavía el limitado acceso, el alto costo y la lentitud sigue siendo una constancia.
Lograr una justicia institucional y garante de los derechos humanos es una tarea pendiente para transformar el sistema de justicia dominicano. No hay progreso posible sin una justicia independiente.
Se confirma la precaria situación jurídica y social del país con el reciente informe elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Política Social: Capacidades y derechos.
“El desarrollo humano debería ser una cuestión de derechos, no de poder. El Estado de derecho es débil y defectuoso, muchas leyes no se cumplen y no pasa nada, la violación de leyes no son justiciables y además existen pocos mecanismos institucionales de rendición de cuentas”, constata el informe.
Una de las razones del incumplimiento de las leyes en nuestro país, es que la justicia dominicana sigue atemorizada por una elite política y empresarial que busca impunidades y complicidades de toda índole.
Si la ciudadanía no tiene la garantía de que se cumplan las leyes, el Estado de derecho es prácticamente inexistente y pasa de manera inmediata a reinar el “sálvese quien pueda”.
Es el imperio de la ley y no el de la fuerza el que debe predominar para alcanzar un verdadero Estado de derecho. La ley es para todo/as, y son las autoridades las obligadas a hacer que se cumpla.
El 83% de la población considera que la justicia funciona mal, según un estudio elaborado por FINJUS y Participación Ciudadana en el año 2007. Y es que si bien la justicia dominicana ha avanzado, todavía el limitado acceso, el alto costo y la lentitud sigue siendo una constancia.
Lograr una justicia institucional y garante de los derechos humanos es una tarea pendiente para transformar el sistema de justicia dominicano. No hay progreso posible sin una justicia independiente.
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